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El pasado mes de noviembre el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto y un anteproyecto de Ley para culminar la trasposición de la Directiva Europea sobre Productos del Tabaco y productos relacionados, por el que obligará a los cigarrillos electrónicos y sus líquidos de recarga a llevar advertencias sanitarias en sus envases. Esta normativa establece limitaciones a la venta a distancia de cigarrillos electrónicos y los equipara a los productos del tabaco, en cuanto que regula su composición, etiquetado y requisitos de seguridad, priorizando la protección a los menores.
Estas son las novedades, en cuanto al cigarrillo electrónico, que introduce la normativa y que entrarán en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado:
– Los cigarrillos electrónicos llevarán advertencias sanitarias. Las advertencias sanitarias que comenzarán a ser obligatorias tanto para los cigarros como para los productos asociados tendrán que ocupar un 30% de la cara exterior del envasado.
– Composición de los cartuchos de cigarrillos electrónicos. Los líquidos deberán contener como máximo 20 miligramos por mililitro (mg/ml) de nicotina, los cartuchos desechables o los depósitos recargables podrán ser como máximo de 2 mililitros, y los envases de líquido para la recarga no podrán contener un volumen superior a 10 mililitros.
– Prohibidos los aromas. Vitaminas, cafeína, taurina y otros aditivos asociados con energía y vitalidad, colorantes, aditivos que faciliten la ingesta o la inhalación de nicotina, y aditivos que tengan propiedades tóxicas, carcinogenéticas o mutagénicas quedan prohibidos.
– Cierre de seguridad. Los cigarrillos electrónicos deberán llevar seguridad a prueba de niños.
Comienza así, aunque con algún año de retraso , la incorporación de la directiva comunitaria sobre los productos del tabaco.
Ahora y según esta norma, las compañías fabricantes, distribuidoras e importadoras estarán obligadas a figurar en un registro público y a proporcionar a las autoridades competentes información detallada de sus productos, de los procesos de fabricación y de los sistemas de seguridad y calidad.
Con esta normativa, España pasa a tener una de las legislaciones más restrictivas del mundo respecto al comercio y uso de los cigarrillos electrónicos.
